Ciudad de México 23-09-2017
¿Sigue siendo la CDMX la ciudad de los derechos?
Ideas

¿Sigue siendo la CDMX la ciudad de los derechos?

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Por Mario Alfredo Hernández


A partir del 2001, en el entonces Distrito Federal, se inició una serie de reformas que hizo posible, por ejemplo, la pensión a personas mayores, la despenalización del aborto, la voluntad anticipada de no resucitación, el matrimonio y la adopción igualitarios, así como la posibilidad de modificar de manera sencilla la identidad de género en las actas de nacimiento.  ¿Qué hay de común en estos hitos? En primer lugar, materializaron una perspectiva de derechos humanos, es decir, para proteger la autonomía, la dignidad y la libertad de todas las personas, independientemente de sus ingresos, condición de salud, orientación sexual o identidad de género, entre otros rasgos de las identidades que históricamente han generado discriminación. En segundo lugar -y más allá de que se trata de reformas que se alinean con programas políticos de izquierda-, fueron el producto de un consenso social amplio que las y los legisladores solo pudieron reflejar sin asumir que se trataba de iniciativas exclusivas de los partidos políticos. Finalmente, motivaron una percepción generalizada en el sentido de que la Ciudad de México era, en el inicio del siglo XXI, un espacio privilegiado para el ejercicio de derechos.

Ahora parece que gradualmente estamos despertando de nuestro sueño dogmático. La ciudad, a pesar de este marco progresista, se ha convertido en el escenario de feminicidios, así como de agresiones y crímenes por homofobia y otras formas similares de odio; en un lugar donde los derechos ambientales no se respetan, y se sigue privilegiando a los automóviles y desatendiendo un transporte público insuficiente y no pensado como proyecto integral de movilidad; donde la educación precaria y los empleos inseguros y mal remunerados generan ciclos de marginación; en un espacio donde cotidianamente se discrimina a personas indígenas, mayores, con discapacidad, migrantes, jóvenes, niños y niñas, entre otras poblaciones. Quizá, la estocada final ocurrió el pasado 20 de julio, cuando el operativo que llevó a la captura del líder del Cártel de Tláhuac y tuvo como consecuencia los primeros narcobloqueos, visibilizó algo que nos negábamos a aceptar: nuestra ciudad está ya dominada por el crimen organizado.

El espacio que habitamos no sólo ha dejado de percibirse como la vanguardia en materia de derechos, sino que una parte de la ciudadanía y autoridades parecen sugerir que éstos y la procuración de justicia y seguridad son mutuamente excluyentes. Síntoma de esto es el retorno de la percepción acerca de que los derechos humanos -y las instituciones que los tutelan- están hechos para defender a las personas delincuentes. Todos los días, en la Ciudad de México, somos despojados de bienes, tranquilidad e, incluso, la vida sin que consideremos siquiera la posibilidad de denunciar. La razón es que, probablemente, la única dimensión de la justicia que se materializará son los trámites engorrosos que no nos devolverán, ya no nuestras pertenencias, sino por lo menos la certeza de que el imperio de la ley prevalece. Aún más, sabemos que la colusión entre autoridad y delincuencia pone en riesgo de revictimización a la ciudadanía. Por eso es que las y los capitalinos estamos cansados de la indecencia de quienes nos gobiernan, del cinismo tejido en torno a la impunidad, de sus disculpas por la incapacidad de procurar justicia de manera ética. En este contexto, hablar de debido proceso o de derechos de quienes delinquen parecería una sofisticación innecesaria, cuando lo que necesitamos es acabar ya con la inseguridad.

Entonces, ¿sigue siendo la CDMX la ciudad de los derechos? Esta pregunta, me parece, tiene dos posibles respuestas. La primera -afirmativa- tiene que ver con nuestro carácter cosmopolita y plural. Aquí conviven una diversidad de discapacidades, etnias, religiones, modelos familiares, orientaciones sexuales, condiciones migratorias, nacionalidades, profesiones y clases sociales, de tal forma que es menos difícil la expresión de esas identidades que en otros lugares mas tradicionales del país. Entonces, nuestra sociedad civil está mas dispuesta a observar las causas de justicia ajenas como propias y a comprometerse con la visibilización de aquellas zonas de desigualdad, violencia e impunidad que son consecuencia de no tomarnos en serio la protección de los derechos. Pero, por otra parte, la pregunta puede tener una respuesta negativa, cuando constatamos que, frente a la inseguridad imperante, parecemos preferir las soluciones rápidas y efectivas a aquéllas que buscan erradicarla de raíz. Es decir, regenerando el tejido social, las instituciones democráticas y la posibilidad de que todos y todas accedamos a los derechos y oportunidades que evitarían que los mas jóvenes sean seducidos por las redes criminales y su promesa de opulencia.

Así, para continuar siendo la ciudad de vanguardia que empezamos a ser en los inicios del siglo XXI, tenemos que valorar nuestros avances legislativos y ser críticos respecto de su aplicación ineficiente  y mediada por la discrecionalidad y la corrupción. Necesitamos, de manera complementaria, visualizar a los derechos humanos no como un paradigma apto para sociedades desarrolladas y opcional en contextos precarios como el nuestro; sino, más bien, como un proyecto de legislación y política pública que permitiría incluir a todas las identidades de manera segura y libre, así como valorar positivamente la diversidad y aprovechar el capital humano que ésta representa. En el siglo XVII, el filósofo inglés John Locke, en su Ensayo sobre el gobierno civil, afirmó que hay ocasiones en que la ausencia de leyes justas y autoridades que las hagan cumplir hace parecer que la única opción para la ciudadanía es "clamar al cielo por la seguridad". No obstante, romper el pacto social y convertir a la justicia por mano propia en la regla, en total desprecio de los derechos, sólo agravará mas las cosas. Entonces, ostentar la denominación de ciudad vanguardista en la protección de los derechos debería ser para la CDMX no tanto un punto de partida como una aspiración cuyo cumplimiento depende de la renovación del pacto entre gobierno y ciudadanía, para fiscalizar en todo momento la acción pública y capitalizar las luchas sociales por la inclusión y el reconocimiento de quienes históricamente han visto vulnerados sus derechos. 


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Etiquetas: Derechos CDMX Matrimonio igualitario Pensión a adultos mayores Género Voluntad anticipada