Ciudad de México 17-10-2017
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Alertan por "borrón y cuenta nueva" a inmobiliarias fraudulentas

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La ley para la reconstrucción perdona, en los hechos, la violación a los límites en número de pisos

La iniciativa de Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México contiene disposiciones que han sido interpretadas como un "borrón y cuenta nueva" con dedicatoria a las empresas inmobiliarias que agregaron de manera irregular niveles a edificios que ahora hay que demoler.

"En caso de que el inmueble derrumbado o demolido tuviera potencial constructivo, niveles edificados y/o número de viviendas superiores a los permitidos en el Programa de Desarrollo Urbano aplicable vigente, estos se reconocerán como derechos adquiridos para el desarrollo del proyecto para obra de construcción", establece la iniciativa.

Además de permitir la reconstrucción de lo que ya existía, la propuesta de ley abre la posibilidad de incrementar "hasta en un 35 por ciento respecto al coeficiente de utilización del suelo, niveles máximos de edificación de viviendas máximas construibles permitidos por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano o por el Programa Parcial".

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna, presentó el pasado 4 de octubre ante el pleno la propuesta elaborada de manera conjunta con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que contiene los lineamientos, objetivos y acciones más urgentes, así como las tareas de reubicación, reconstrucción y recuperación que tendrán que realizarse en un plazo no mayor de seis meses, además de un plan de transformación de la ciudad para los próximos cinco años.

"La iniciativa de ley establece que el programa se aplicará a los inmuebles o predios que con motivo del sismo colapsaron, fueron demolidos, o bien, requieren refuerzo estructural", explicó Luna Estrada, quien anunció la creación de un fondo especial que se integrará a los recursos que destine la Federación para la reconstrucción de la capital del país.

 

Una ley de punto final para las inmobiliarias

El académico de la UNAM, Ricardo Pascoe, compara la iniciativa de ley impulsada por Miguel Ángel Mancera con las leyes de punto final aprobadas en Argentina y Uruguay al término de las dictaduras militares, a través de las cuales fueron suspendidos los procesos judiciales en contra de los responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas.

"En la práctica es una ley retroactiva que perdona todos los atracos cometidos por los desarrolladores, como los abusos cometidos hace algunos años con la Norma 26. Se trata de una barrera jurídica para evitar sancionar a las empresas y a los funcionarios que avalaron la construcción de edificios que estaban fuera de la ley", comentó en entrevista.

El también columnista del periódico Excélsior advirtió que en la propuesta que está a punto de ser aprobada en la ALDF subyace la intención de las inmobiliarias para obtener mayores utilidades a costa del dolor de las familias afectadas por el sismo.

"Se trata de un documento que no tiene ninguna reflexión sobre el tipo de ciudad que hay construir en una zona sísmica, sobre un suelo blando en donde antes existía un lago. Si realmente existiera un interés en la seguridad ciudadana se estaría pensando en la factibilidad de construir edificios altos o bajos en función del atlas de riesgo", agregó.

Esta visión implica que la nueva ley eximirá de responsabilidad a las constructoras que en complicidad con funcionarios públicos violaron las normas de desarrollo urbano antes del pasado 19 de septiembre, y en ello coinciden activistas como Josefina Macgregor del colectivo Suma Urbana y Susana Kanahuati, quienes emitieron este lunes un comunicado junto con otras 30 organizaciones vecinales para advertir que la iniciativa de ley para la reconstrucción es un plan de negocios que favorece a los desarrolladores inmobiliarios.

"La Iniciativa parte de información general de la ciudad y proporciona solo unos cuantos datos sobre el sismo, los cuales no permiten un análisis completo, aunque sí resalta la necesidad de reactivar la economía. Habla también de crear un fideicomiso donde se consoliden todas las donaciones y recursos públicos, otorgando créditos destinados a vivienda y negocios. Se podrán vender terrenos que pertenecen al patrimonio público de la CDMX para desarrollos inmobiliarios que se inscriban al programa", alerta el documento.

 

Redensificar para recuperar los costos de la reconstrucción

En su columna publicada en Milenio el pasado 29 de septiembre, el arquitecto Enrique Norten propuso un plan para la reconstrucción que beneficie a las personas que perdieron sus viviendas, evitando la especulación del suelo y la gentifricación.

La idea es que un fondo público-privado adquiera los predios de los edificios colapsados y los de difícil recuperación, que reconstruya las viviendas y centros de trabajo sin ningún costo para sus propietarios. La forma de cubrir los costos de la reconstrucción sería a través de la construcción de nuevos espacios habitables en los predios afectados.

"Esto se lograría incrementando la densidad de los predios en cuestión y de otros vecinos, de tal suerte que los constructores puedan recuperar el costo de las viviendas a sustituir con otras que puedan ofrecer a precios del mercado", explica el director de Ten Arquitectos.

Para ello señala que los mecanismos ya existentes deberían combinarse con otros como los polígonos de actuación y transferencias de potencialidades, así como el uso y permuta de derechos de aire y esquemas compartidos de viviendas subvencionadas y a precio de mercado. 


Saúl Rivera

Politologuea, analiza la vida chilanga y jura que juega a las trais con su hijo de año y medio. @saulrjz

El Andén

Etiquetas: Reconstrucción Uso de suelo Miguel Ángel Mancera Leonel Luna ALDF