Ciudad de México 20-01-2018
De nuevo, la UACM
Ideas

De nuevo, la UACM

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Para mis colegas del

Grupo de investigación de Teoría y Filosofía Política


Existe un consenso mas o menos extendido acerca de que el origen de las Universidades se sitúa en Europa entre los siglos XI y XIII cuando éstas, a partir de una vocación de universalidad, se convirtieron en espacios seculares para la integración de la teoría y la práctica que permitiera -en un cierto sentido- concentrar y reflejar la luz de la razón sobre los asuntos de interés común. Así, en aquellas primeras Universidades se enseñaban artes de excelencia -como la gramática, la retórica o la música- y las consideradas como mecánicas -la construcción, la milicia o la medicina-, y a partir de esta división se establecían gremios que protegían la secrecía de sus disciplinas. El día de hoy, más bien, las Universidades se constituyen como comunidades para la sistematización, enriquecimiento y difusión de los saberes que se considera tienen una utilidad y relevancia sociales, donde quienes tienen la experiencia la transmiten a quienes están empezando y, también, donde estos últimos aportan su visión crítica hacia los paradigmas establecidos. Quizá, la diferencia fundamental entre el modelo originario y el contemporáneo de Universidad sea la comprensión de la educación como un derecho universal y no como un privilegio gremial o de clase, lo que obliga a esta institución a formar personas que sean capaces de una interacción crítica y constructiva con la sociedad, el mercado y el Estado. En este sentido, la Universidad se ha convertido en un medio para la movilidad social de quienes, más allá de sus privilegios y parafraseando a Habermas, solo cuentan con el poder de sus razones y opiniones para rivalizar con los poderes fácticos.


No obstante, y a la luz de la precarización de los presupuestos públicos destinados a la educación y de la comprensión que de ésta tiene el gobierno mexicano como un servicio más que como un derecho, la Universidad -sobre todo la pública- es una institución que se encuentra amenazada de manera permanente para el cumplimiento de estos propósitos. En nuestro país, la UNAM, el Politécnico o la UAM han quedado rebasados por la cantidad de personas que cada año solicitan ingreso, por la insuficiencia presupuestal y por las cargas administrativas que hacen cada vez mas difícil que la investigación y la vinculación social se realicen de manera eficiente y oportuna. Por eso es que la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en 2001, fue observada con mucha atención y expectación. Las razones son varias. Se trata de la primera institución de su tipo, diseñada para tener autonomía técnica y de gestión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios, para responder a las necesidades de profesionalización de la población, sobre todo la joven, en la ciudad. También, porque propone un modelo educativo humanista centrado en el estudiante, sus necesidades y la complejidad de su realidad social, precisamente como una crítica hacia las visiones exclusivamente profesionalizantes y por competencias que no se proponen formar personas sino aportar mano de obra calificada y barata. Otro factor fue la construcción interdisciplinaria y de vanguardia de muchas de sus carreras, lo que implica la idea de que los grandes problemas de nuestra ciudad requieren una mirada compleja y de cooperación entre profesionistas y saberes. Por otra parte, la localización estratégica de los planteles de la UACM en espacios socialmente polarizados de la CDMX fue parte de un proyecto mas amplio de mejoramiento del entorno. Hay que decirlo de manera clara: después de la fundación de la UAM, en 1974, no había un proyecto de Universidad pública tan ambicioso como la UACM, que plasmara la voluntad política de ir a contracorriente de esa tendencia del Estado a desentenderse de la garantía de los derechos sociales -entre ellos, el que se refiere a la educación- por considerarlos programáticos o demasiado costosos en el contexto de una economía tan frágil como la nuestra.


En un espacio tan breve como éste no es posible hablar de las luces y sombras de un proyecto como la UACM, a más de 15 años de su fundación, ni tampoco de las razones de por qué se ha convertido en una bandera de lucha que polariza a los actores políticos en nuestra ciudad. Lo cierto es que más allá de la necesidad de reforzar los estándares y controles de excelencia académica que permitirían a estudiantes y profesores desarrollar investigaciones de calidad y resonancia social en mejores condiciones, así como de la importancia de transparentar y eficientar los recursos públicos con que opera, la UACM es un claro ejemplo de la crisis de la Universidad pública en nuestro país. Sus problemas no son muy distintos de los que enfrentan otras instituciones similares: ingreso de estudiantes con graves déficits educativos; cargas administrativas excesivas para profesores que rivalizan con sus tareas de docencia e investigación; dificultades para la permanencia y el egreso asociadas a los contextos de violencia, pobreza y discriminación; así como una mirada instrumental que solo valora títulos y certificaciones y no la calidad de vida de quienes integran su comunidad. La diferencia, quizá, es que el modelo educativo y de operación de la UACM está centrado en los estudiantes de manera explícita. Esto, que debería ser una premisa de sentido común para cualquier Universidad, resulta revolucionario en un panorama como el nuestro, que convierte a la productividad, la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado en los indicadores únicos para la evaluación de su calidad.


Acaso una de las trampas más perversas de la lógica capitalista sea situar en las antípodas, por un lado, a la eficiencia y, por el otro, a la garantía plena de derechos. Esta tendencia, por supuesto, se pone de manifiesto en las evaluaciones apresuradas y poco cuidadosas que denuncian la obsolescencia de un proyecto como la UACM y otras universidades públicas exclusivamente a partir de la eficiencia terminal y la inserción laboral. Es como si se descalificaran las Comisiones de Derechos Humanos por el bajo número de Recomendaciones que producen, sin tomar en cuenta que hay otros procesos -la capacitación, la mediación y asistencia legal, la generación de estándares legislativos y de políticas públicas- que significan un acompañamiento puntual a las víctimas. Por supuesto que no pueden desatenderse los bajos índices de titulación, así como los altos niveles de deserción que afectan a la comunidad de la UACM; pero esto no debe significar volcar el modelo social de Universidad y convertir a esta institución en una estación de paso hacia la fábrica, el corporativo o la empresa transnacional. Entonces, habría que poner atención también en todos aquellos procesos que han transformado positivamente las vidas de estudiantes y profesores -el desarrollo de capacidades y vocaciones, la atención a poblaciones social e históricamente discriminadas, la presencia en foros y espacios de reflexión nacionales- y que no pueden percibirse solo a partir de una exploración de las cifras y los datos duros. El trabajo de reingeniería institucional, mejora de la eficiencia terminal y fortalecimiento de los controles académicos y de excelencia que requiere la UACM -no podría ser de otra manera- tiene que realizarse con una participación activa de su propia comunidad, en condiciones de igualdad y libre de coerciones externas y presiones políticas (tanto de sus detractores como de sus defensores acríticos), así como también de cara a una opinión pública informada que pueda comprender el valor de un modelo educativo centrado siempre en el estudiante y en la complejidad de su realidad social, y no sólo en los imperativos del mercado y la economía. 


Mario A. Hernández

Doctor en Humanidades por la UAM-Iztapalapa, profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cinéfilo cuya idea de felicidad es la vida -y las discusiones sobre ésta- a 24 cuadros por segundo. Twitter: @fumador1717

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Etiquetas: UACM Universidad Presupuesto Educación Derechos