Ciudad de México 24-07-2017
Dejan a ciudadanos fuera del sistema local anticorrupcion
Asamblea

Dejan a ciudadanos fuera del sistema local anticorrupción

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Los diputados se atribuyen ilegítimamente la facultad de elegir al fiscal anticorrupción de la CDMX

La posibilidad de construir en la Ciudad de México un entramado institucional capaz de limitar, investigar y sancionar las prácticas ilegales de la función pública quedó obstaculizada por acuerdos previamente alcanzados entre los líderes de los partidos políticos y la mayoría de los diputados locales, quienes aprobaron fast track todo el paquete legislativo del nuevo sistema local anticorrupción.

La participación de la sociedad civil quedó limitada a su mínima expresión en el contenido de los 11 dictámenes, que en menos de una hora, las comisiones unidas de la Asamblea Legislativa mayoritearon el pasado jueves 13 de julio y que este lunes, como mero trámite, fueron aprobados uno a uno por el pleno, con la simulada oposición del grupo parlamentario de Morena, que durante todo el proceso de discusión de las iniciativas estuvo ausente en las comisiones.

Para mostrar las inconsistencias legislativas, su inconstitucionalidad y la lógica partidaria del nuevo entramado jurídico, basta observar, por ejemplo, el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que en esencia debería ser considerada como la columna vertebral del nuevo sistema, por ser un órgano autónomo encargado de investigar y perseguir los delitos de corrupción.

Pues bien, mientras el artículo 37 de la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México establece como una de las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano proponer al congreso capitalino las ternas para elegir al titular de la fiscalía, el dictamen aprobado en la ALDF establece que el fiscal anticorrupción será elegido por mayoría simplede los miembros presentes en el congreso entre una terna propuesta por el jefe de Gobierno.

De un plumazo los legisladores eliminaron las facultades constitucionales del Consejo Judicial Ciudadano, una figura de representación de la sociedad civil diseñada por el constituyente capitalino para vigilar y avaluar al poder judicial, la fiscalía general y la fiscalía anticorrupción.

Si el Consejo Judicial Ciudadano fue anulado antes de nacer, la autonomía del próximo fiscal anticorrupción estará ausente debido a que no existe garantía mínima de la máxima publicidad y la rendición de cuentas en el proceso de su designación. Independientemente de los requisitos exigidos a los aspirantes a fiscal, con la exclusión ciudadana del proceso se pueden prever convocatorias emitidas a modo por los partidos políticos y la falta de transparencia para acceder a los expedientes del proceso y sus participantes.

Sin la existencia en la ley de reglas y metodologías previas el proceso de elección del fiscal fácilmente será cooptado por la lógica partidista del congreso y será una cuota más según la correlación de fuerzas  presente en ese momento.

La participación ciudadana como fundamento del Sistema Nacional Anticorrupción quedó fuera de los dictámenes aprobados por la ALDF este lunes. La nueva legislación faculta ilegítimamente a los partidos políticos representados en el poder legislativo a definir, según sus propios intereses, a quienes habrán de vigilarlos. 


Saúl Rivera

Politologuea, analiza la vida chilanga y jura que juega a las trais con su hijo de año y medio. @saulrjz

El Andén

Etiquetas: Sistema anticorrupción ALDF Fiscal anticorrupción