Ciudad de México 20-11-2017
El delegado destituido ya no puede apelar.- constitucionalista
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El delegado destituido ya no puede apelar.- constitucionalista

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Las autoridades deben entender que con una sentencia judicial no se juega y que su cargo y su libertad está de por medio

El delegado destituido por la Suprema Corte, Israel Moreno, es absolutamente responsable, ya no puede apelar por la separación del cargo y sus defensores en el partido deberían guardarse de acusar a este poder de violentar la democracia, dice el constitucionalista Francisco Tortolero Cervantes. 

"No importa el monto, no importa el motivo, no importa la calidad de los quejosos, no importa la gravedad del derecho violado en primer lugar. Lo cierto es que hay un incumplimiento de una sentencia judicial", afirma el investigador de la UNAM.

Un alcalde, un delegado, un diputado, o hasta un gobernador que decida hacer caso omiso de la protección que da el Poder Judicial a los ciudadanos a través del amparo, debe perder su cargo y su libertad. Así lo marca la Constitución.

El pasado 7 de noviembre, los ministros de la Suprema Corte destituyeron al jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno, por no cumplir con una sentencia de amparo que se había dictado desde 2014. La sentencia obligaba a pagar salarios caídos, actualizaciones y aguinaldos a cuatro trabajadores, además de entregarles documentos para su labor como inspectores-verificadores. La Corte determinó que tanto Moreno como el delegado en funciones en 2014, son responsables por no cumplir con todo. El primero quedó destituido y hay orden de consignarlos a ambos ante un juez penal por desacato.Moreno alegó en su defensa que pagó y que lo que no hizo fue entregar credenciales porque no le corresponde, pues es facultad del INVEA.

"El delegado hizo lo más difícil de todo: consiguió siete millones de pesos para pagarle a cuatro trabajadores, pero no incluyó aguinaldos ni actualización ni la expedición de credenciales y documentos para ejercer el cargo. ¿Cuál fue el error? Que no justificó los faltantes y no probó que había hecho algo para que las credenciales y demás documentos se entregaran por otra autoridad", explica Tortolero, "todavía hasta el último minuto podía presentar los elementos de por qué no cumplía. Si él hubiera estado en la sesión, le hubieran podido dar entrada. Pero ahora es perfectamente responsable de todo esto y la decisión de la Corte es inapelable".

El ex delegado ya no puede recurrir a ninguna instancia.

 

¿Cómo llegamos aquí?

El procedimiento para destituir a una autoridad por no hacer caso a una sentencia de amparo no siempre ha sido igual. Hasta antes de 1994, era inmediato. La autoridad que incumplía tenía 24 horas antes de ser removida. Hoy pasan años.

"La gran reforma de 1994, fue muy desafortunada: le dio a la autoridad una especie de derecho de audiencia para determinar si había alguna justificación. Esa justificación casi siempre se exponía en términos de insuficiencia de recursos. El problema es que las autoridades iban extendiendo las fechas de posible ejecución de los amparos con el fin de que terminara su administración y hubiese borrón y cuenta nueva", dice el especialista en derecho constitucional, "por eso en 2013 la nueva ley de amparo estableció que no sólo la autoridad actual sino todas las autoridades que estén en la cadena de incumplimiento tienen responsabilidad".

Ese es el motivo por el cual el ex delegado, José Manuel Ballesteros también puede ir a la cárcel.

 

¿Decisión antidemocrática?

Los diputados del PRD han salido en defensa del delegado y, en rueda de prensa, advirtieron que la decisión de la Suprema Corte atenta contra la democracia pues Moreno es un delegado elegido por la voluntad popular.

"¡Por supuesto que no! El atentado es haber tenido a un tipo así de incompetente en un cargo. Un funcionario que no considera relevante atender al Poder Judicial ni al amparo constitucional. Afortunadamente existen este tipo de contrapesos que evitan que estas personas que no cumplen con las sentencias, sigan ejerciendo los cargos", dice el doctor. 

De hecho, Tortolero considera que el mensaje de la Corte debe ser atendido por todo el sistema como un elemento que fortalece nuestros equilibrios democráticos y da sentido a la responsabilidad gubernamental.

"El mensaje de la Suprema Corte es muy fuerte, y tiene que tomarse muy en serio. No para que los legisladores cambien la ley, sino para que las autoridades se den cuenta de que con una sentencia judicial no se juega, y que su cargo está de por medio. Cuando una autoridad toma protesta, debe considerar que eso no se hace para la foto: protesta una responsabilidad pública, y una de las primeras obligaciones es dar cumplimiento a todas las órdenes judiciales", advierte el académico.

Es más, añade, lo primero que deberían hacer todas las autoridades al asumir un nuevo cargo es revisar si hay sentencias no cumplidas por las anteriores administraciones. Es una tarea primordial. 

 

¿Una reforma otra vez?

El caso del ex delegado Moreno ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar la ley. Pero para el investigador, lo que se tiene que cambiar es la Constitución y no en el sentido en que los defensores de Moreno quieren. Lo que se tiene que hacer, dice, es quitarle esta tarea a la Suprema Corte para que sea más rápida la destitución de los incumplidos. Uno de cada tres asuntos que llegan a la Corte se trata de inejecución de sentencias por parte de autoridades a las que no les importa que un tribunal les ordene algo.

"Esta atribución es una verdadera anomalía. Si hay una reforma ésta debe ser que la Suprema Corte no conozca de los incidentes de inejecuciones. No son materia de interpretación constitucional, son actos de estricta legalidad y tenemos excelentes tribunales colegiados para ello. Uno no tiene que esperar a que la Suprema Corte decida estos casos y castigue, tres años después, a un funcionario porque no entregó credenciales. ¡La sentencia de este amparo se dictó en 2014! ¿Dónde está la justicia pronta y expedita?", finaliza el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


Imagen superior: Israel Moreno, delegado de Venustiano Carranza 2015- nov 2017


Staff A / El Andén

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Etiquetas: Israel Moreno CDMX Venustiano Carranza Suprema Corte Ley de Amparo Inejecución de sentencias Destitución PRD Democracia Amparo