Ciudad de México 24-09-2017
Lo que debes saber sobre el Sistema Anticorrupcion de la CDMX
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Lo que debes saber sobre el Sistema Anticorrupción de la CDMX

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El gran reto de los diputados locales es garantizar la autonomía de las instituciones y funcionarios encargados de combatir la corrupción

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es uno de los 24 congresos locales del país que aún no han aprobado las leyes necesarias para crear un sistema local anticorrupción, tal y como lo mandata la constitución federal.

A los asambleístas capitalinos les quedan solamente seis días para ponerse de acuerdo y lograr la armonización legislativaque busca prevenir y sancionar actos de corrupción, así como garantizar la rendición de cuentas. En Donceles se habla de llevar el dictamen ante el pleno este mismo jueves.

En total fueron presentadas 11 iniciativas de ley por los grupos parlamentarios de Morena, PRD, PAN y PRI. El propósito es homogenizar el marco jurídico local con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y con la Ley General de Responsabilidades.

En el ámbito local, explica puntualmente Rubén Alonso en su columna de Milenio, la tarea es definir las facultades de la Auditoría Superior, las Fiscalías General y Anticorrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Comité de Participación Social. El gran reto es garantizar su autonomía.

Justo en este sentido, organizaciones de la sociedad civil, exdiputados constituyentes y asambleístas locales  como la priista Dunia Ludlow  han insistido en la necesidad de abrir al escrutinio público las designaciones de los integrantes de las nuevas instituciones que conformarán el sistema local anticorrupción. El propósito es dejar claros los criterios de selección y preestablecidas las reglas  para evaluar la idoneidad de los candidatos que tendrán ser electos por el Congreso local.

"Preocupa que la selección del Secretario Técnico del Sistema provenga de la Comisión de Gobierno de la Legislatura y no de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana local, lo que contraviene la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción", señala una carta dirigida recientemente a la ALDF suscrita por Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; Esthela Damián, exconstituyente de la Ciudad de México; Mónica Tapia, de Ruta Cívica y Marco Fernández, de México Evalúa, entre otros  académicos, activistas y exintegrantes de la Asamblea Constituyente capitalina.

Precisamente uno de los temas que más apremia a los representantes de la sociedad civil es la posibilidad de que el secretariado del sistema local sea cooptado por los partidos políticos representados en el Congreso local,  además de la profesionalización de los servidores públicos que se dedicarán a combatir la corrupción.

La discusión también está entrampada en asuntos como la designación del fiscal anticorrupción, que será resultado de una terna propuesta por el jefe de Gobierno, pero el candidato será seleccionado por la Comisión de Gobierno y puesta a consideración del pleno para su aprobación.

En contraste, la propuesta de las organizaciones civiles es que la revisión de las propuestas sea a través de comparecencias públicas organizadas por las comisiones legislativas especializadas en la materia, de forma que sean ellos quienes manden el dictamen a consideración del peno y no la Comisión de Gobierno.

Otro de los peligros, advierten, es la "potencial politización de la labor del Fiscal Anticorrupción al contemplar la posibilidad de una reelección inmediata en el cargo como se propone en la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción."

La sugerencia a los diputados locales es limitar el periodo de labores del fiscal a cinco años, además de establecer claramente en la ley las causales de remoción.

En cuanto a la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, la propuesta es que el jefe de Gobierno acompañe cada candidatura con una justificación y que también se decida su selección en comparecencias públicas.

Otro de los reclamos lanzados es que el sistema local no modifique los catálogos de faltas administrativas y de sanciones que ya se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de manera que una ley de responsabilidades local sería prácticamente innecesaria.

Finalmente también se ha hecho una observación respecto a la obligación de publicar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.


Staff B / El Andén

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Etiquetas: Sistema anticorrupción ALDF