Ciudad de México 23-10-2017
Mexicanos expulsados por la violencia, ¿refugiados en su propio país?
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Mexicanos expulsados por la violencia, ¿refugiados en su propio país?

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En las últimas semanas las noticias sobre la ola de refugiados que cruzan las fronteras europeas en busca de seguridad y protección internacional han conmocionado a la opinión pública. De este lado del orbe, un fenómeno no menos importante a considerar tiene que ver con el problema del desplazamiento interno forzado, a causa de la violencia generalizada que atenta sistemáticamente contra la vida, seguridad e integridad de la población.

La diferencia fundamental radica en que los desplazados internos permanecen dentro de su propio país, bajo la "protección" de su gobierno, lo cual plantea dificultades a la hora de acceder a la ayuda internacional.[1]

A finales de 2014, el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) del Consejo de Noruega para los Refugiados, informó que la violencia y las guerras obligaron a 38 millones de personas a desplazarse dentro de sus propios países, 4.7 millones más que en 2013.

En México, la falta de legislación en la materia, al no encontrar ningún artículo que tipifique el desplazamiento forzado interno como un delito federal, invisibiliza el fenómeno y no ayuda a la generación de medidas efectivas para proteger a las personas que se encuentran afectadas por los desplazamientos.

No hay que olvidar que los individuos podrían también ver otros derechos vulnerados como consecuencia del desplazamiento interno, en términos de transgresiones, por ejemplo: al derecho a la vivienda, debido a la expulsión de sus hogares; a la educación, ya que los menores pueden verse obligados a abandonar sus estudios si no cuentan con los documentos de escolarización; al libre tránsito o, incluso, al voto, entre otros.

Según el informe emitido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH),[2] el fenómeno del desplazamiento forzado en el país creció desde 2011, alcanzando la cifra aproximada de 281 mil 418 personas en 14 de los 32 Estados de la República.[3] Lafalta de precisión en las cifras se explica por la ausencia de registros oficiales, lo cual genera dificultades a la hora de dimensionar el fenómeno.

En congruencia con la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en México, derivada de las reformas estructurales suscitadas en los últimos años, será importante iniciar a reflexionar en la comprensión y atención de problemas concretos.



[1] Los desplazados internos además de conservar todos los derechos que les corresponden como ciudadanos, también son sujetos de protección del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

[2] El texto íntegro del informe se puede consultar y descargar en: http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2015/03/Desplazamiento-Interno-Forzado-en-Mex.pdf

[3] Encabezan la lista los Estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Otras entidades en las que se ha identificado la expulsión de familias por la violencia son Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Estado de México, Durango y, en menor medida, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.


Luna Mancini

Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flacso y miembro del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 2008.

El Andén

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