Ciudad de México 26-04-2018
PGJ y jerarquia catolica encubrieron durante 10 anos caso de pederastia
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PGJ y jerarquía católica encubrieron durante 10 años caso de pederastia

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Primero como procurador y luego como jefe de Gobierno, Mancera garantizó la impunidad de sacerdotes criminales, afirman abogados de Jesús Romero

Una red de protección y complicidad que involucra a funcionarios públicos de la Ciudad de México y jerarcas de la iglesia católica, obstaculizó  durante casi una década la investigación en contra del sacerdote católico Carlos López Valdés, hoy sentenciado a 62 años de prisión por abusar sexualmente de Jesús Romero Colín entre 1994 y 1999, cuando era monaguillo en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en el centro de Tlalpan.

En su recomendación 1/2015 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) detalla las omisiones de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que evitaron realizar una investigación diligente y en un plazo razonable, no fundaron ni motivaron correctamente la causa legal de sus procedimientos, ni ofrecieron y proporcionaron debidamente los servicios de apoyo jurídico y psicológico a Romero Colín.

El documento da cuenta que en 2009, casi al iniciar la investigación, transcurrieron seis meses sin que el Ministerio Público llevara a cabo ninguna de las diligencias ordenadas por el juez. Más adelante menciona que en varias ocasiones citaron a Romero Colín, pero al llegar a las oficinas de la PGJ le informaban que "la licenciada a cargo de su caso estaba de vacaciones". La misma historia se repitió hasta después de 2015 cuando la CDHDF ya había emitido su recomendación.

"Fue desgastante. Muchas veces salía con los ánimos por el suelo y entraba en depresiones bastante largas, pensaba tirar la toalla", dice Jesús en entrevista para El Andén.

Para sus abogados, David Peña y Luis Ángel Salas, las omisiones y resistencias del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias no eran fortuitas, producto de la incompetencia o falta de habilidad de los servidores de la PGJ. Su inoperancia tenía una intencionalidad muy clara y era evidente que existíaun tratamiento sesgado que obedecía a la necesidad de encubrir un caso de pederastia que incomodaba al clero mexicano.

Una pieza de esta red, advierten los integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, es Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, quien sirvió durante todo ese tiempo como representante legal de la Arquidiócesis Primada de México, encabezada hasta el 5 de febrero pasado por el cardenal Norberto Rivera Carrera.

"Armando Martínez era el encargado de defender a la iglesia. Cuando nosotros decíamos que los obispos tenían alguna responsabilidad, él saltaba y decía no es cierto.Básicamente su función era servir como escudo y evitar que se trasladara la responsabilidad de Carlos López Valdés a la asociación religiosa de la que aún forma parte", comenta David Peña.

Su implacable oposición a la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario no impidió que Martínez Gómez se registrara en 2015 como precandidato del PRD a la Cámara de Diputados, ni que un par de años después llegara a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en sustitución del diputado del PVEM Alejandro Bustos.

Su incursión en la política fue, como el mismo declaró en una entrevista, gracias a la invitación de Miguel Ángel Mancera, que en agosto de 2007 -fecha en que Jesús Romero presentó su denuncia- era responsable de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas. Un año después se convertiría en el titular de la PGJ y en 2012 jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"No es casualidad, es que hay una relación política. Nosotros no especulamos, lo que hemos visto es una serie de complicidades", insiste el abogado Salas.

En la trama también participaron el exvocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdermar Romero, quien descalificó la denuncia de Jesús Romero y negó que la violación se hubiera dado; Alberto Pacheco, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, por negar sistemáticamente información a la PGJ; así como Jonás Guerrero obispo de Culiacán y Marcelino Hernándezobispo de Colima, ambos supieron de las actividades delictivas de López Valdés antes de que Jesús interpusiera su denuncia, pero nunca actuaron.

 

Las cuentas pendientes

La PGJ aceptó parcialmente la recomendación de la CDHDF por el caso de Jesús Romero, sin embargo, de los 17 puntos recomendatorios aún queda por cumplir tres de suma importancia. El primero de ellos tiene que ver con una disculpa pública de parte del procurador capitalino.

El abogado Luis Ángel Salas dice que Patricia Mercado, la exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, estaba muy interesada en que el procurador se disculpara, sin embargo existe mucha resistencia para hacerlo, lo mismo de Rodolfo Ríos Garza (que dejó la PGJ en medio de serios cuestionamientos) que su sucesor, Edmundo Garrido Osorio.

El segundo pendiente tiene que ver con el ejercicio penal en contra de dos funcionarios responsables de las omisiones que frenaron durante casi 10 años la investigación en contra de López Valdés. Finalmente la PGJ está obligada a indemnizar a Jesús Romero Colín como parte de la reparación del daño causado.

El pasado 8 de marzo el Juzgado 55º en materia Penal de la Ciudad de México notificó la emisión de sentencia condenatoria en contra del sacerdote Carlos López Valdés, quien permanecía detenido desde 2016.

Aunque aún Jesús dice sentirse satisfecho con la sentencia, pero aún falta llevar a los tribunales a los representantes de iglesia católica, que como asociación religiosa tendrá que reparar los daños y asumir su responsabilidad.

"Muchas personas me han estado buscando desde entonces, víctimas no solo de sacerdotes, algunos para pedir apoyo y otros para felicitar. El común denominador es que sienten que es un triunfo de todos y eso me tiene impactado".

"Yo lo único que les pido a las víctimas es que se atrevna romper el silencio", comenta Jesús, que actualmente acompaña a personas que ha sufrido abuso sexual a través de la asociación civil Inscide. 


Saúl Rivera

Politologuea, analiza la vida chilanga. @saulrjz

El Andén

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