Ciudad de México 23-01-2018
¿Por que debe preocuparnos la Ley de Seguridad Interior?
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¿Por qué debe preocuparnos la Ley de Seguridad Interior?

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Con su aprobación están en riesgo las libertades de prensa, de asociación y de movilidad, los derechos a la vida, de asociación y a la privacidad

Frecuentemente se ha calificado a Adolf Hitler como un dictador que gobernó solo después de abolir el marco constitucional democráticamente sancionado por un órgano parlamentario. No fue así. Las atrocidades cometidas por los nazis en Alemania a partir de 1933 fueron justificadas por el estado de emergencia o excepción reconocido en la Constitución de Weimar, norma jurídica vigente en aquel país entre 1919 y 1945.

El estado de excepción, estado de sitio o la suspensión de garantías para el caso mexicano, es una figura reconocida constitucionalmente que supone la suspensión temporal del orden jurídico para hacer frente a las amenazas que representen un riesgo para la supervivencia del Estado, ya sea por invasiones, rebeliones internas o incluso desastres naturales.

Sin embargo existe la posibilidad de que los límites de la excepción puedan ser ampliados hasta que esta se convierta en regla. Así sucedió con los decretos emitidos unilateralmente por el presidente George Bush para combatir al terrorismo después del 11 de septiembre de 2001 y ese es el mismo espíritu de la Ley de Seguridad Interior aprobada este jueves en la Cámara de Diputados, la cual pretende recubrir de legalidad lo que a todas luces  no lo es.

El dictamen aprobado casi a hurtadillas, primero por la Comisión de Gobernación y luego por el Pleno, con los votos a favor de los diputados del PRI, PVEM, PES, Nueva Alianza y parte del PAN, supone la legalización de la militarización de la seguridad pública, un paradigma que gradualmente fue adoptado por los gobiernos mexicanos bajo presión de Estados Unidos, desde la puesta en marcha de la Operación Cóndor en 1975, el reconocimiento del gobierno de Miguel de la Madrid del tráfico de drogas como amenaza a la seguridad nacional, hasta los primeros operativos conjuntos lanzados por Felipe Calderón en diciembre de 2006 y reproducidos hasta la fecha por Enrique Peña Nieto.

La Ley de Seguridad Interior pretende funcionar de manera paralela a la Constitución, que en su artículo 21 dispone que las tareas de seguridad pública corresponden a las autoridades civiles y en el 29 plantea los requisitos para declarar la suspensión de garantías, sus límites y las medidas excepcionales para hacer frente a la emergencia.

En lugar de adecuar las normas y diseñar políticas públicas para fortalecer institucionalmente a las policías o reglamentar el artículo 29 constitucional con el objetivo de regular el despliegue de las Fuerzas Armadas, el Estado mexicano está apostando a una estrategia agresiva que garantiza la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina, ya no solo en el combate al crimen organizado o la delincuencia común, sino en contra de cualquier expresión de disidencia política.

El problema no es menor, se trata de una legislación regresiva que, como bien da cuenta el colectivo Seguridad sin Guerra, pone en riesgo las libertades de prensa, de asociación y de movilidad, los derechos de asociación y a la privacidad.

En el agitado contexto político y social que atraviesa el país, destaca el potencial peligro que encierra el artículo 8 del dictamen aprobado, el cual, de manera ambigua se refiere a las movilizaciones de protesta social o político-electorales "que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior".

Esta diferenciación entre manifestaciones legales y las que no lo son, bajo un despliegue militar garantizado por todo el territorio nacional y sin protocolos que regulen el uso de la fuerza letal, ponen en un grave riesgo la integridad de la población civil expuesta al terror y la violencia de Estado que históricamente se ha manifestado por medio de los encarcelamientos, las torturas, los asesinatos y las desapariciones forzadas.    


Saúl Rivera

Politologuea, analiza la vida chilanga. @saulrjz

El Andén

Etiquetas: Ley de Seguridad Interior Cámara de Diputados Estado de excepción Fuerzas Armadas